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  2. Del procedimiento para elaborar una Nueva Constitución Política de la República Artículo 130. Del Plebiscito Nacional. Tres días después de la entrada en vigencia de este artículo, el Presidente de la República convocará mediante un decreto supremo exento a un plebiscito nacional para el día 26 de abril de 2020. En el plebiscito señalado, la ciudadanía dispondrá de dos cédulas electorales. La primera contendrá la siguiente pregunta: "¿Quiere usted una Nueva Constitución?". Bajo la cuestión planteada habrá dos rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera línea tendrá en su parte inferior la expresión "Apruebo" y la segunda, la expresión "Rechazo", a fin de que el elector pueda marcar su preferencia sobre una de las alternativas. La segunda cédula contendrá la pregunta: "¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?". Bajo la cuestión planteada habrá dos rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera de ellas tendrá en su parte inferior la expresión "Convención Mixta Constitucional" y la segunda, la expresión "Convención Constitucional". Bajo la expresión "Convención Mixta Constitucional" se incorporará la oración: "Integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio". Bajo la expresión "Convención Constitucional" se incorporará la oración: "Integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente", a fin de que el elector pueda marcar su preferencia sobre una de las alternativas. A efecto de este plebiscito, se aplicarán las disposiciones pertinentes contenidas en los siguientes cuerpos legales, en su texto vigente al 1 de enero de 2020: a) Decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en los siguientes pasajes: Párrafo V, Párrafo VI, con excepción del inciso sexto del artículo 32 e incisos segundo a cuarto del artículo 33, Párrafo VII, VIII, IX, X y XI del Título I; Título II al X inclusive; Título XII y XIII; b) Decreto con fuerza de ley Nº 5, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.556, orgánica constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral; c) Decreto con fuerza de ley Nº 4, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.603, orgánica constitucional de Partidos Políticos, en los siguientes pasajes: Título I, V, VI, IX y X. Los canales de televisión de libre recepción deberán destinar gratuitamente treinta minutos diarios de sus transmisiones a propaganda electoral sobre este plebiscito, debiendo dar expresión a las dos opciones contempladas en cada cédula, conforme a un acuerdo que adoptará el Consejo Nacional de Televisión y que será publicado en el Diario Oficial, dentro del plazo de treinta días contado desde la publicación de la convocatoria al plebiscito nacional, respetando una estricta igualdad de promoción de las opciones plebiscitadas. De este acuerdo podrá reclamarse ante el Tribunal Calificador de Elecciones dentro del plazo de tres días contado desde la publicación del mismo. El Tribunal Calificador de Elecciones resolverá la reclamación sumariamente dentro del plazo de cinco días contado desde la fecha de su respectiva interposición. El Tribunal Calificador de Elecciones conocerá del escrutinio general y proclamará aprobadas las cuestiones que hayan obtenido más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos. Para estos efectos, los votos nulos y blancos se considerarán como no emitidos. El proceso de calificación del plebiscito nacional deberá quedar concluido dentro de los treinta días siguientes a la fecha de éste. La sentencia de proclamación del plebiscito será comunicada dentro de los tres días siguientes de su dictación al Presidente de la República y al Congreso Nacional. Si la ciudadanía hubiere aprobado elaborar una Nueva Constitución, el Presidente de la República deberá convocar, mediante decreto supremo exento, dentro de los cinco días siguientes a la comunicación a que alude el inciso anterior, a elección de los miembros de la Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional, según corresponda. Esta elección se llevará a cabo el mismo día que se verifiquen las elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores regionales correspondientes al año 2020. Artículo 131. De la Convención. Para todos los efectos de este epígrafe, se entenderá que la voz "Convención" sin más, hace referencia a la Convención Mixta Constitucional y a la Convención Constitucional, sin distinción alguna. A los integrantes de la Convención se les llamará Convencionales Constituyentes. Además de lo establecido en los artículos 139, 140 y 141 de la Constitución, a la elección de Convencionales Constituyentes a la que hace referencia el inciso final del artículo 130, serán aplicables las disposiciones pertinentes a la elección de diputados, contenidas en los siguientes cuerpos legales, en su texto vigente al 25 de junio del año 2020: a) Decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios; b) Decreto con fuerza de ley Nº 5, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.556, orgánica constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral; c) Decreto con fuerza de ley Nº 4, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.603, orgánica constitucional de Partidos Políticos; d) Decreto con fuerza de ley Nº 3, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral. El proceso de calificación de la elección de Convencionales Constituyentes deberá quedar concluido dentro de los treinta días siguientes a la fecha de ésta. La sentencia de proclamación será comunicada dentro de los tres días siguientes de su dictación al Presidente de la República y al Congreso Nacional. Artículo 132. De los requisitos e incompatibilidades de los candidatos. Podrán ser candidatos a la Convención aquellos ciudadanos que reúnan las condiciones contempladas en el artículo 13 de la Constitución. No será aplicable a los candidatos a esta elección ningún otro requisito, inhabilidad o prohibición, salvo las establecidas en este epígrafe y con excepción de las normas sobre afiliación e independencia de las candidaturas establecidas en el artículo 5, incisos cuarto y sexto, del decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Los Ministros de Estado, los intendentes, los gobernadores, los alcaldes, los consejeros regionales, los concejales, los subsecretarios, los secretarios regionales ministeriales, los jefes de servicio, los miembros del Consejo del Banco Central, los miembros del Consejo del Servicio Electoral, los miembros y funcionarios de los diferentes escalafones del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, así como los del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, del Tribunal de Contratación Pública, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales; los consejeros del Consejo para la Transparencia, y los miembros activos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, que declaren sus candidaturas a miembros de la Convención, cesarán en sus cargos por el solo ministerio de la Constitución, desde el momento en que sus candidaturas sean inscritas en el Registro Especial a que hace referencia el inciso primero del artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700. Lo dispuesto precedentemente le será aplicable a los senadores y diputados solo respecto de la Convención Constitucional. Las personas que desempeñen un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal deberán suspender dichas funciones desde el momento que sus candidaturas sean inscritas en el Registro Especial mencionado en el inciso anterior. Artículo 133. Del funcionamiento de la Convención. Dentro de los tres días siguientes a la recepción de la comunicación a que hace referencia el inciso final del artículo 131, el Presidente de la República convocará, mediante decreto supremo exento, a la primera sesión de instalación de la Convención, señalando además, el lugar de la convocatoria. En caso de no señalarlo, se instalará en la sede del Congreso Nacional. Dicha instalación deberá realizarse dentro de los quince días posteriores a la fecha de publicación del decreto. En su primera sesión, la Convención deberá elegir a un Presidente y a un Vicepresidente por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. La Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. La Convención no podrá alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos. La Convención deberá constituir una secretaría técnica, la que será conformada por personas de comprobada idoneidad académica o profesional. Corresponderá al Presidente de la República, o a los órganos que éste determine, prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento de la Convención. Artículo 134. Del estatuto de los Convencionales Constituyentes. A los integrantes de la Convención les será aplicable lo establecido en los artículos 51, con excepción de los incisos primero y segundo; 58, 59, 60 y 61. A contar de la proclamación del Tribunal Calificador de Elecciones, los funcionarios públicos, con excepción de los mencionados en el inciso tercero del artículo 132, así como los trabajadores de las empresas del Estado, podrán hacer uso de un permiso sin goce de remuneraciones mientras sirvan a la Convención, en cuyo caso no les serán aplicables lo señalado en el inciso primero del artículo 58 de la Constitución. Los Convencionales Constituyentes estarán afectos a las normas de la ley Nº 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés, aplicables a los diputados, y a la ley Nº 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. Serán compatibles los cargos de parlamentario e integrantes de la Convención Mixta Constitucional. Los diputados y senadores que integren esta convención quedarán eximidos de su obligación de asistir a las sesiones de sala y comisión del Congreso durante el período en que ésta se mantenga en funcionamiento. El Congreso Nacional podrá incorporar medidas de organización para un adecuado trabajo legislativo mientras la Convención Mixta Constitucional se encuentre en funcionamiento. Los integrantes de la Convención, con excepción de los parlamentarios que la integren, recibirán una retribución mensual de 50 unidades tributarias mensuales, además de las asignaciones que se establezcan en el Reglamento de la Convención. Dichas asignaciones serán administradas por un comité externo que determine el mismo Reglamento. Artículo 135. Disposiciones especiales. La Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esta Constitución o en las leyes. Mientras no entre en vigencia la Nueva Constitución en la forma establecida en este epígrafe, esta Constitución seguirá plenamente vigente, sin que pueda la Convención negarle autoridad o modificarla. En conformidad al artículo 5º, inciso primero, de la Constitución, mientras la Convención esté en funciones la soberanía reside esencialmente en la Nación y es ejercida por el pueblo a través de los plebiscitos y elecciones periódicas que la Constitución y las leyes determinan y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Le quedará prohibido a la Convención, a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente le reconoce esta Constitución. El texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Artículo 136. De la reclamación. Se podrá reclamar de una infracción a las reglas de procedimiento aplicables a la Convención, contenidas en este epígrafe y de aquellas de procedimiento que emanen de los acuerdos de carácter general de la propia Convención. En ningún caso se podrá reclamar sobre el contenido de los textos en elaboración. Conocerán de esta reclamación cinco ministros de la Corte Suprema, elegidos por sorteo por la misma Corte para cada cuestión planteada. La reclamación deberá ser suscrita por al menos un cuarto de los miembros en ejercicio de la Convención y se interpondrá ante la Corte Suprema, dentro del plazo de cinco días desde que se tomó conocimiento del vicio alegado. La reclamación deberá indicar el vicio que se reclama, el que deberá ser esencial, y el perjuicio que causa. El procedimiento para el conocimiento y resolución de las reclamaciones será establecido en un Auto Acordado que adoptará la Corte Suprema, el que no podrá ser objeto del control establecido en artículo 93 número 2 de la Constitución. La sentencia que acoja la reclamación solo podrá anular el acto. En todo caso, deberá resolverse dentro de los diez días siguientes desde que se entró al conocimiento del asunto. Contra las resoluciones de que trata este artículo no se admitirá acción ni recurso alguno. Ninguna autoridad, ni tribunal, podrán conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con las tareas que la Constitución le asigna a la Convención, fuera de lo establecido en este artículo. No podrá interponerse la reclamación a la que se refiere este artículo respecto del inciso final del artículo 135 de la Constitución. Artículo 137. Prórroga del plazo de funcionamiento de la Convención. La Convención deberá redactar y aprobar una propuesta de texto de Nueva Constitución en el plazo máximo de nueve meses, contado desde su instalación, el que podrá prorrogarse, por una sola vez, por tres meses. La mencionada prórroga podrá ser solicitada por quien ejerza la Presidencia de la Convención o por un tercio de sus miembros, con una anticipación no superior a quince días ni posterior a los cinco días previos al vencimiento del plazo de nueve meses. Presentada la solicitud, se citará inmediatamente a sesión especial, en la cual la Presidencia deberá dar cuenta pública de los avances en la elaboración de la propuesta de texto de Nueva Constitución, con lo cual se entenderá prorrogado el plazo sin más trámite. De todas estas circunstancias deberá quedar constancia en el acta respectiva. El plazo de prórroga comenzará a correr el día siguiente a aquel en que venza el plazo original. Una vez redactada y aprobada la propuesta de texto de Nueva Constitución por la Convención, o vencido el plazo o su prórroga, la Convención se disolverá de pleno derecho. Artículo 138. De las normas transitorias. La Convención podrá establecer disposiciones especiales de entrada en vigencia de alguna de las normas o capítulos de la Nueva Constitución. La Nueva Constitución no podrá poner término anticipado al período de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial. La Nueva Constitución deberá establecer el modo en que las otras autoridades que esta Constitución establece cesarán o continuarán en sus funciones. Artículo 139. De la integración de la Convención Mixta Constitucional. La Convención Mixta Constitucional estará integrada por 172 miembros, de los cuales 86 corresponderán a ciudadanos electos especialmente para estos efectos y 86 parlamentarios que serán elegidos por el Congreso Pleno, conformado por todos los senadores y diputados en ejercicio, los que podrán presentar listas o pactos electorales, y se elegirán de acuerdo al sistema establecido en el artículo 121 del decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en lo que refiere a la elección de diputados. Artículo 140. Del sistema electoral de la Convención Mixta Constitucional. En el caso de los Convencionales Constituyentes no parlamentarios, estos serán elegidos de acuerdo a las reglas consagradas en el artículo 121 del decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en su texto vigente al 25 de junio del 2020 y serán aplicables los artículos 187 y 188 del mismo cuerpo legal, con las siguientes modificaciones: Distrito 1º que elegirá 2 Convencionales Constituyentes; Distrito 2º que elegirá 2 Convencionales Constituyentes; Distrito 3º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes; Distrito 4º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes; Distrito 5º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes; Distrito 6º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes; Distrito 7º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes; Distrito 8º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes; Distrito 9º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes; Distrito 10º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes; Distrito 11º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes; Distrito 12º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes; Distrito 13º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes; Distrito 14º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes; Distrito 15º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes; Distrito 16º que elegirá 2 Convencionales Constituyentes; Distrito 17º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes; Distrito 18º que elegirá 2 Convencionales Constituyentes; Distrito 19º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes; Distrito 20º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes; Distrito 21º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes; Distrito 22º que elegirá 2 Convencionales Constituyentes; Distrito 23º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes; Distrito 24º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes; Distrito 25º que elegirá 2 Convencionales Constituyentes; Distrito 26º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes; Distrito 27º que elegirá 2 Convencionales Constituyentes; y Distrito 28º que elegirá 2 Convencionales Constituyentes. Artículo 141. De la integración de la Convención Constitucional. La Convención Constitucional estará integrada por 155 ciudadanos electos especialmente para estos efectos. Para ello, se considerarán los distritos electorales establecidos en los artículos 187 y 188, y el sistema electoral descrito en el artículo 121, todos del decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en lo que se refiere a la elección de diputados, a su texto vigente al 25 de junio del 2020. Los integrantes de la Convención Constitucional no podrán ser candidatos a cargos de elección popular mientras ejercen sus funciones y hasta un año después de que cesen en sus cargos en la Convención. Artículo 142. Del Plebiscito Constitucional. Comunicada al Presidente de la República la propuesta de texto constitucional aprobada por la Convención, éste deberá convocar dentro de los tres días siguientes a dicha comunicación, mediante decreto supremo exento, a un plebiscito nacional constitucional para que la ciudadanía apruebe o rechace la propuesta. El sufragio en este plebiscito será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile. El ciudadano que no sufragare será penado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales. No incurrirá en esta sanción el ciudadano que haya dejado de cumplir su obligación por enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de doscientos kilómetros de aquél en que se encontrare registrado su domicilio electoral o por otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Las personas que durante la realización del plebiscito nacional constitucional desempeñen funciones que encomienda el decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, se eximirán de la sanción establecida en el presente artículo remitiendo al juez competente un certificado que acredite esta circunstancia. El conocimiento de la infracción señalada corresponderá al juez de policía local de la comuna donde se cometieron tales infracciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley Nº 18.287. En el plebiscito señalado, la ciudadanía dispondrá de una cédula electoral que contendrá la siguiente pregunta, según corresponda a la Convención que haya propuesto el texto: "¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Mixta Constitucional?" o "¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?". Bajo la cuestión planteada habrá dos rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera de ellas, tendrá en su parte inferior la expresión "Apruebo" y la segunda, la palabra "Rechazo", a fin de que el elector pueda marcar su preferencia sobre una de las alternativas. Este plebiscito deberá celebrarse sesenta días después de la publicación en el Diario Oficial del decreto supremo a que hace referencia el inciso primero, si ese día fuese domingo, o el domingo inmediatamente siguiente. Con todo, si en conformidad a las reglas anteriores la fecha del plebiscito se encuentra en el lapso entre sesenta días antes o después de una votación popular de aquellas a que hacen referencia los artículos 26, 47 y 49 de la Constitución, el día del plebiscito se retrasará hasta el domingo posterior inmediatamente siguiente. Si, como resultado de la aplicación de la regla precedente, el plebiscito cayere en el mes de enero o febrero, el plebiscito se celebrará el primer domingo del mes de marzo. El proceso de calificación del plebiscito nacional deberá quedar concluido dentro de los treinta días siguientes a la fecha de éste. La sentencia de proclamación del plebiscito será comunicada dentro de los tres días siguientes de su dictación al Presidente de la República y al Congreso Nacional. Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito nacional constitucional fuere aprobada, el Presidente de la República deberá, dentro de los cinco días siguientes a la comunicación de la sentencia referida en el inciso anterior, convocar al Congreso Pleno para que, en un acto público y solemne, se promulgue y se jure o prometa respetar y acatar la Nueva Constitución Política de la República. Dicho texto será publicado en el Diario Oficial dentro de los diez días siguientes a su promulgación y entrará en vigencia en dicha fecha. A partir de esta fecha, quedará derogada la presente Constitución Política de la República, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra establecido en el decreto supremo Nº 100, de 17 de septiembre de 2005. La Constitución deberá imprimirse y repartirse gratuitamente a todos los establecimientos educacionales, públicos o privados; bibliotecas municipales, universidades y órganos del Estado. Los jueces y magistrados de los tribunales superiores de justicia deberán recibir un ejemplar de la Constitución. Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución. Artículo 143. Remisión. Al plebiscito constitucional le será aplicable lo dispuesto en los incisos cuarto a sexto del artículo 130.
  3. SISTEMA ECONÓMICO EN FUNCIÓN DEL FLUJO DE CAPITALES POR CICLO En el gráfico del concepto se observa el movimiento desde y hacia los pilares fundamentales; Familia y Vivienda / Comercio e Industria / Fisco y Superintendencias / Bancos y Sistemas Financieros.
  4. El Diario Oficial de la República de Chile es el medio de publicación de las leyes, decretos y otras normas jurídicas emanadas de los órganos del Estado. Además se publican ciertos actos públicos y privados de inserción obligatoria. Fue creado por decreto del 15 de noviembre de 1876 del presidente Aníbal Pinto. Su primer número corresponde al 1 de marzo de 1877. El Diario Oficial aparece de lunes a sábado, excepto los días festivos. Desde 2016 su versión digital es la única oficial. El 27 de agosto de 2013 la administración del Diario Oficial pasó al Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile. En el Diario Oficial se publican diversas normas, tales como leyes, decretos con fuerza de ley, decretos y resoluciones de diversos órganos y servicios públicos, decretos alcaldicios, ordenanzas municipales, auto acordados de los tribunales de justicia y acuerdos del Banco Central de Chile. También se realizan publicaciones judiciales, como avisos de extravíos de documentos, de cambio de nombre, de muerte presunta, quiebras, notificaciones por aviso, entre otras. Asimismo, se publican llamados a concursos y licitaciones públicas, extractos de las escrituras públicas de constitución de sociedades, citaciones a junta de accionistas, balances y estados de situación de ellas, balances del Banco Central, entre otros. Fuente: Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Diario_Oficial_de_la_República_de_Chile).
  5. El Servicio Electoral de Chile (Servel) es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios. Se le otorgó autonomía constitucional mediante una reforma en 2015. El Consejo Directivo del Servicio Electoral es un órgano colegiado de cinco miembros, designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. El Director del Servicio Electoral es el representante legal del Servicio y el jefe superior de este. División Territorial Jerárquicamente, las autoridades administrativas encargadas del registro electoral de los sufragantes son las siguientes: Juntas Inscriptoras, una en cada comuna. Sus tres integrantes son designados por las juntas electorales. Es en esta instancia que los ciudadanos (hasta 2012) debían concurrir a inscribirse. Actualmente sirven como dependencias para declarar los cambios de domicilio de los votantes. Juntas Electorales, en la capital de cada provincia e integradas por el Fiscal Judicial de la Corte de Apelaciones respectiva, el Defensor Público de la capital de la provincia y el Conservador de Bienes Raíces. Sus principales funciones son designar los integrantes de las juntas inscriptoras y locales de funcionamiento a proposición de los alcaldes. Servicio Electoral a nivel nacional de mantener actualizado el registro electoral en relación con los decesos y cambios de inscripción, así como mantener una nómina actualizada de los ciudadanos impedidos de sufragar. Fuente: Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Electoral_de_Chile).
  6. Actualmente, tras las reformas introducidas por la Ley 19.131 de 1992, el CNTV debe estar compuesto por 11 miembros, uno de los cuales, nombrado por el Presidente de la República, es quien preside el Consejo. El resto es designado con acuerdo del Senado. Los Consejeros deben ser personas de relevantes méritos personales y profesionales. Además, la ley exige el pluralismo tanto en la selección de los consejeros como en el funcionamiento del organismo. Fuente: Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_de_Televisión_de_Chile)
  7. Tras fallo unánime, el Tribunal Electoral de Aysén acogió el requerimiento en contra del alcalde de Guaitecas, Cristián Alvarado (independiente pro Chile Vamos) y lo removió del cargo. Esto luego de un informe de Controlaría que detallaba un desembolso de más de 1.700 millones entre 2016 y 2017 sin documentación que acreditara esta suma de dinero. En total, el alcalde recibió 27 cargos y tras la revisión de los antecedentes y las respuestas de la defensa, el Tribunal señaló que "los hechos denunciados demuestran una notable ausencia de supervigilancia por parte del alcalde de Guaitecas sobre el funcionamiento de las Unidades en que se divide la administración municipal". "Han causado un detrimento al patrimonio municipal que se califica de grave, que asciende a aproximadamente $1.751.475.379, permiten que este tribunal adquiera la convicción de que se ha configurado un notable abandono de deberes por parte de don Cristián Alvarado Oyarzo, que conlleva la causal de remoción en el ejercicio del cargo de alcalde de Guaitecas que inició el día 6 de diciembre de 2016", sostuvo el fallo. Además de esto, concluyó que queda inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años a contar desde esta sentencia y que se condena al alcalde a pagar las costas de la causa. Alvarado fue electo en 2016 con el 66% de los votos (1.028) por Chile Vamos, superando a dos contrincantes. Desde hace meses que no ejerce como alcalde -se encuentra con arresto domiciliario- por la investigación en su contra por supuesto fraude al fisco. La acción había sido presentada por los concejales Bernarda Picticar (Con la Fuerza del Futuro) y Marcos Silva (PPD) para remover en el cargo. Fuente: emol.com https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/01/24/974554/Alcalde-de-Guaitecas-es-destituido.html
  8. Nelson Cárcamo Barrera (UDI) Desde 19 de febrero de 2019 Profesor de Educación General Básica de la Universidad Católica de Temuco y Magíster en Educación de la Universidad de Magallanes. Cárcamo en el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera se desempeñó como Gobernador Provincial de la Antártica Chilena durante todo su mandato (2010-2014) y se destaca su labor en la educación pública de la región, asumiendo distintos cargos en establecimientos educacionales de la zona.
  9. Margarita Norambuena Caviedes (RN) Desde 11 de marzo de 2018 Egresada de Turismo, Escuela Superior de Comercio Exterior. Directora de la Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego e integrante de la Cámara de Turismo de Timaukel.
  10. Raúl Suazo Mardones (UDI) Desde 12 de noviembre 2019 Tiene 35 años, trabajador social de profesión, egresado de la Universidad Católica de Temuco. El 2010 llegó a Magallanes para trabajar en la comuna de Laguna Blanca por la Fundación de la Superación de la Pobreza en Servicio País, donde conoció de cerca las necesidades de la comunidad rural en Magallanes, ligado principalmente al área cultural y fomento productivo especialmente en Villa Tehuelches. En 2012 llegó, bajo la misma fundación, a Puerto Natales para trabajar fuertemente en la recuperación de espacios públicos bajo la modalidad de participación ciudadana. Posteriormente, ingresó al Programa Quiero Mi Barrio como Coordinador, donde se enfocó principalmente en la intervención en diferentes poblaciones de Natales con participación ciudadana, impulsando los pavimentos participativos y recuperación de espacios públicos especialmente en la población Última Esperanza, Población Juan Pablo II, Eduardo Frei, Población Estadio y Natales Antiguo. El 2018, en el municipio de Natales, fue el encargado de crear la Entidad Patrocinante.
  11. Homero Villegas Núñez (Ind.) Desde 14 de febrero de 2019 Es Ingeniero en Construcción Civil de la Universidad de La Serena, Magíster en Gestión de Organizaciones (MBA) de la Universidad de Valparaíso y Dr. © en Construcción y Tecnología Arquitectónicas, ETSAM de la Universidad Politécnica de Madrid – España. Villegas fue SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la región de Magallanes de 2012 a 2014, en el primer Gobierno del Presidente Piñera. Además, fue director del departamento Ingeniería en Construcción de la Universidad de Magallanes; posee 3 diplomados sobre gestión gerencial y Alta Dirección
  12. Gustavo Márquez Cadagan Desde 17 de septiembre de 2019 Es Profesional de Ingeniería en Gestión de Informática del Instituto Profesional INACAP de Coyhaique. Tiene 39 años, nació en la comuna de Cochrane, padre de 1 hija. Posee una destacada trayectoria en el servicio público de la región de Aysén. Antes de asumir su cargo como Gobernador, fue el Director Regional de Fosis, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, donde realizó un gran trabajo con la comunidad de toda la región, entregando apoyo y promoviendo todas las oportunidades que entrega FOSIS, que permiten superar los niveles de pobreza de personas, familias y comunidades más vulnerables de la región de Aysén. En el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se desempeñó como Coordinador Regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor SENAMA de Aysén, destacando principalmente la labor desarrollada en cuando al posicionamiento comunicacional del servicio, fortalecimiento en recursos humanos y financieros.
  13. Mauricio Quercia Martinic (RN) Desde 2 de abril de 2019 Arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso. Se ha desempeñado como arquitecto Director de Obras de la Municipalidad de Chile Chico, Arquitecto de la Unidad de Patrimonio de la Dirección de Arquitectura MOP en Magallanes, como Director del Museo Regional de Magallanes y Consejo Regional de Monumentos DIBAM, presidente de la Asociación de Museos de Magallanes y Director Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región de Aysén durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
  14. Manuel Ortiz Torres (UDI) Desde 11 de marzo de 2018 Profesor. Concejal por el periodo 2012 – 2016. Actualmente Jefe de Planificación de la Dirección de Educación Municipal de Puerto Aysén.
  15. Pablo Galilea Carrillo (RN) Desde 11 de marzo de 2018 Ingeniero Comercial, Universidad Austral. Ex parlamentario en la región por tres períodos; ex Subsecretario de Pesca.
  16. Osvaldo Oelckers Oelckers (UDI) Desde 11 de marzo de 2014 Técnico en Construcción. Ex alcalde y concejal de la Comuna de Hualaihué.
  17. Héctor Bórquez Montecinos (RN) Desde 11 de marzo de 2018 Ex jefe de gabinete de la Gobernación de Chiloé, ex concejal; Fue presidente del Hogar de Cristo en la Comuna de Castro.
  18. Daniel Lilayu Vivanco (UDI) Desde 11 de marzo de 2018 Médico Cirujano, Universidad Católica de Chile. Ex-concejal de la Municipalidad de Osorno; cirujano vascular en el Hospital Base de Osorno; fue jefe del servicio de urgencia en el mismo establecimiento; bombero.
  19. Leticia Oyarce Kruger (UDI) Desde 11 de marzo de 2018 Periodista, Universidad Andrés Bello. Jefa de gabinete Senador Iván Moreira; En el gobierno 2010-2014 fue jefa de la oficina OIRS del SERVIU regional; ex jefa de gabinete Municipalidad de Quellón.
  20. Alonso Pérez de Arce Carrasco (EVOP) Desde 11 de marzo de 2018 Abogado, Universidad Mayor. Ejercicio de la abogacía en un estudio jurídico; ha sido asesor legislativo y fue candidato a alcalde en la comuna de San Joaquín; es Oficial de Reserva del Ejército.
  21. Cristhian Cancino Gunckel (RN) Desde 27 de noviembre de 2019 Abogado de la Universidad Austral de Chile. Tiene experiencia en administración pública, ostentando cargos de Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales y Consejero Regional. Su última ocupación fue la de Secretario Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Los Ríos.
  22. Juan Carlos Beltrán Silva (RN) Desde 13 de enero de 2020 Empresario sector transporte. Dirigente social y deportivo, ex candidato a alcalde en Angol; vicepresidente regional de RN.
  23. Richard Caifal Piutrín (EVOP) Desde 27 de noviembre de 2019 Abogado titulado de la Universidad Mayor de Temuco. Nació en la comunidad indígena Ricardo Rayin, ubicada en el sector de Quepe en la comuna de Freire, lugar donde sigue viviendo actualmente con su familia. Es padre de dos hijos. Al momento de su designación, se encontraba desarrollando labores en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), y además ejercía como director ejecutivo de la Corporación de Profesionales Mapuche (Enama). Cabe mencionar, que para ambos cargos tuvo que presentar su renuncia. La nueva autoridad provincial, se convierte, históricamente, en el primer gobernador de Cautín de origen mapuche. Su gestión y sello apuntará a contribuir al diálogo para lograr la unidad.
  24. María Bélgica Tripailaf Quilodrán (UDI) Desde 11 de marzo de 2018 Asistente Social, Universidad de Concepción; Magíster en Políticas Públicas, Universidad del Desarrollo. Tiene experiencia en cargos municipales en departamentos sociales y apoyo técnico en FOSIS; docente universitaria en INACAP.
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