Tráfico de influencias y cohecho

La corrupción al interior del Poder Judicial chileno ha sido un tema largamente debatido en los últimos años. Casos como lo ocurrido en el 8º Juzgado del Crimen de Santiago, donde el actuario fue suspendido por adulterar documentos y donde el juez y la secretaria también fueron sancionados, o el caso de un actuario del 1º Juzgado del Crimen de Arica que desviaba dineros de la cuenta corriente del Poder Judicial, o los bochornosos casos de cohecho verificados en el 27°, 28°, 29° y 30° Juzgados del Crimen de Santiago, ubicados en la comuna de La Florida. Los expertos aducen un mal diseño de los sistemas judiciales latinoaericanos, lo cual permitiría la generación de redes de corrupción al interior de tribunales. Lo cierto es que según una investigación de la revista The Clinic, entre 2009 y 2013, 84 jueces fueron sancionados por acoso sexual, insultos, combos, mentiras y por conducir vehículos en estado de ebriedad.

Además de estos casos de corrupción, han salido a la luz pública muchos casos de tráfico de influencia, donde magistrados presionan a otros jueces para fallar de determinada forma en un litigio donde tienen intereses, como el caso de un juez de garantía que, en razón de su cargo, movió influencias para quitarle la custodia de los niños a la madre, o el caso del ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, quien habría llamado telefónicamente a un juez para evitar la detención de su esposa. El tráfico de influencias es la principal preocupación de la ciudadanía en materia de corrupción.